La emergencia sanitaria por el COVID-19 y su impacto en el bienestar social han acallado durante varias semanas la agenda pública relativa a la lucha contra el cambio climático, una de las iniciativas estratégicas impulsadas por el Gobierno español en los últimos meses.
El pasado martes, el Consejo de Ministros ha retomado con fuerza esta iniciativa. El Gabinete ha dado luz verde al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “para que España alcance la neutralidad de emisiones antes de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía.”
De esta forma, España fija por ley sus objetivos nacionales, establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030) remitido a la Unión Europea el pasado marzo de 2019. El Plan recoge unos objetivos ambiciosos de reducción de al menos el 90% de las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero en 2050, estableciendo como hitos para 2030 la reducción del 20% de las emisiones con respecto a 1990, o la generación del 74% de energía por fuentes renovables, entre otros.
Además, añade un objetivo nuevo: favorecer una salida sostenible a largo plazo para la nueva crisis global provocada por el COVID-19, basándose en los modelos del PNIEC, según los cuales la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales.
Liderazgo en la lucha contra el Cambio Climático
En el contexto de la vorágine informativa sobre la pandemia, algunos comentaristas se han asombrado por el impulso de la Ley de Cambio Climático en estas circunstancias. No obstante, la ley estaba ya lista desde comienzos de año y, en todo caso, se ha visto retrasada por la prioridad de la lucha contra la pandemia desde el pasado marzo.
En realidad, no han pasado ni seis meses desde la celebración de la COP25 Chile-Madrid, en la que España impulsó su imagen internacional, por su capacidad organizativa y su liderazgo diplomático introduciendo en las conclusiones de la Cumbre la necesidad de revisar los Acuerdos de París con una mayor ambición. La COP25 escenificó el liderazgo europeo en la lucha contra el Cambio Climático con la propuesta de ampliar al 55% el recorte de emisiones para 2030. Además, Europa presentó el Pacto Verde Europeo (“New Green Deal”), cuyo objetivo es que la Unión se convierta en el primer continente neutro en emisiones de CO2 en 2050, planteando movilizar 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para lograr este objetivo.
Con el nuevo proyecto de Ley de Cambio Climático, España lidera ahora dentro de la Unión Europea el compromiso asumido por los Gobiernos de fijar en los planes nacionales unos objetivos más ambiciosos a los recogidos en los Acuerdos de París.
El liderazgo de las empresas
Más allá de los compromisos políticos, la COP25 visibilizó un importante consenso social —el 81% de los españoles identificaba el cambio climático como amenaza grave, según Pew Research— y sobre todo un compromiso empresarial y financiero en favor de la transición ecológica.
Conviene recordar que el sector privado tomó la iniciativa durante la COP25 a través del discurso de la sostenibilidad. A los sectores tradicionalmente involucrados en las estrategias de reducción de las emisiones (principalmente el sector energético), se sumaron con fuerza durante la Cumbre de Madrid otros como el financiero, las infraestructuras, la logística y el transporte, la industria agroalimentaria o la industria de la salud.
Especialmente relevantes fueron los compromisos procedentes del sector financiero, que en esta Cumbre tuvieron un gran protagonismo. Numerosas entidades anunciaron importantes cantidades para financiar la lucha contra el cambio climático: Barclays (175.000 millones de euros), Santander (120.000 millones de euros), BBVA (100.000 millones de euros), entre otras. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presentó un fondo de 1 billón de euros para financiar las inversiones relacionadas con la reducción de las emisiones en los próximos 10 años.
Unas 20 entidades que operan en el sector financiero español firmaron el acuerdo «Better Finance, Better World» para alinear su actividad con los objetivos del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. En el acuerdo, que fue presentado en la COP 25, los bancos se comprometieron a reducir la huella de dióxido de carbono (CO2) de sus carteras de crédito según los criterios internacionalmente reconocidos, y a canalizar los ahorros y los recursos financieros hacia inversiones sostenibles en el futuro.
Por su parte, el presidente y CEO de BlackRock, Larry D. Fink, pidió a las empresas que consideren la sostenibilidad medioambiental como uno de los pilares de sus estrategias, durante su visita a la COP25. BlackRock es el principal fondo de inversión global y el mayor inversor en las empresas del índice Ibex-35.
¿Un reto o una oportunidad?
En los meses anteriores a la COP25, unos 400 líderes empresariales en Europa se comprometieron públicamente a impulsar un modelo de negocio sostenible y con una mirada a largo plazo, en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta llamada a la acción incluye, entre otros, los siguientes compromisos:
- Acelerar la transición ecológica en la lucha contra el cambio climático.
- Comprometerse en el diálogo multistakeholder.
- Crear plataformas colaborativas para promover una economía sostenible.
- Maximizar la creación de valor para la sociedad.
- Promover la formación para la empleabilidad.
- Incrementar la participación de la sociedad civil en el movimiento de la sostenibilidad.
- Adoptar estándares de políticas y transparencia para gestionar la sostenibilidad.
La crisis económica derivada de la pandemia obligará, sin duda, a muchas compañías a adoptar medidas de supervivencia a corto plazo que podrían entrar en contradicción con los compromisos defendidos públicamente hace pocos meses. Ante la “nueva normalidad”, el contexto actual plantea el reto de la compatibilidad de los compromisos de la agenda sostenible con la recuperación.
La Ley de Cambio Climático apuesta por mantener la hoja de ruta previa al COVID-19 argumentando que no se tratará de un coste adicional para la economía, sino todo lo contrario: una oportunidad para consolidar el liderazgo social de las empresas en la construcción del modelo económico de las próximas décadas.
